Desde hace tiempo, venimos leyendo varias noticias sobre jueces y tribunales que fallan en contra de la Administración cuando se trata de Plusvalía Municipal o pagos de IBI. Actualmente hemos visto una noticia en la cual se pone en tela de juicio el valor catastral de una vivienda a efectos de IBI o plusvalía municipal. Dice: “Un Juzgado de lo Contencioso de Badajoz ha permitido la posibilidad de recurrir el recibo del IBI o de la plusvalía municipal si el contribuyente está disconforme con el valor catastral y si, efectivamente, es errónea dicha calificación catastral. La decisión definitiva la tendrá el Tribunal Supremo.

En 2010, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, avalada por una posterior del TSJ de Castilla-La Mancha (2012) cuestionó, por primera vez, la fórmula de cálculo del impuesto de plusvalía municipal: la ley establece que la plusvalía se calcula en base al incremento que tendrá el valor del terreno en los años siguientes a su transmisión y no en el valor que ha tenido desde su adquisición.

 

A dia de hoy, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento madrileño de Torrelodones al pago de lo cobrado indebidamente a un contribuyente por la transmisión de varios inmuebles sin obtener una ganancia patrimonial. En concreto, el Ayuntamiento de Torrelodones deberá devolver 9.200 euros a un contribuyente que transmitió varios inmuebles y en cuya operación no obtuvo una ganancia patrimonial. El Magistrado-Juez D. José Yusty Bastarreche basa su sentencia del pasado 3 de marzo en el dictamen del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales algunos artículos de la norma foral que regula el impuesto de la plusvalía municipal en Guipúzcoa.

La fórmula para realizar el cálculo del impuesto grava cantidades ficticias y no reales, ya que se realiza sobre valores catastrales del suelo que bien se han quedado estancados o bien que no han dejado de aumentar, a pesar de la caída real tanto del precio de las viviendas, como del precio del suelo.

Ya han cuestionado ante el Tribunal Constitucional el sistema de cálculo de este Impuesto, los tribunales se rebelan frente al mismo declarando que, cuando hay un decremento real del valor del suelo -y este puede ser probado-, no se genera el tributo ni obligación del contribuyente de abonar el mismo puesto que debe primar la realidad económica frente al ‘método de cálculo’, y ello en aplicación de los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

Es inconstitucional aplicar la fórmula como un rodillo, sin tener en cuenta situaciones en las que se ha vendido en pérdidas, y sin permitir al contribuyente acreditarlo. Esta circunstancia, en las operaciones en las que hay pérdida patrimonial, infringiría lo que recoge el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Según José María Salcedo, de Ático Jurídico, “el hecho de que la normativa no contemple la posibilidad de que la transmisión produzca una pérdida o minusvalía supone el gravamen de un incremento ficticio que, por ser calculado de forma predeterminada por el método previsto en la norma, no puede ser tampoco objeto de una valoración pericial contradictoria para la determinación de la base imponible, ni admite prueba en contrario”. Es decir, los ayuntamientos no aceptan que el contribuyente aporte pruebas contra la valoración hecha por la administración pública.

Esto, a juicio de los expertos, supone una clara limitación del derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución, que estipula que todas las personas “tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión” y que también tienen derecho “a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”.

El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que modificará el Impuesto de Plusvalía Municipal para adaptar la norma estatal (la Ley Reguladora de Haciendas Locales) a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Veremos como transcurren estos cambios…