El gobierno de Carmena ha anunciado a las más de 80 asociaciones vecinales, empresas hoteleras y gestores inmobiliarios, el Plan Especial de Implantación de Uso del Hospedaje. Una iniciativa que pretende regular el descontrolado mercado de la vivienda de uso turístico.

 

Actualmente, solo en la capital hay 63.5000 espacios de uso turísticos, sin apenas control de la administración. La burbuja del alquiler, que no ha parado de crecer estos últimos años, ha incrementado notoriamente en diferentes distritos de la capital, por lo que mucha gente se ha visto obligada a trasladarse a zonas más alejadas donde poder vivir.
El objetivo de este borrador es acabar con este “efecto Airbnb”, ilegalizando las viviendas de uso turístico (VUT), y restringiendo la posterior concesión de licencias para las mismas.

Solo obtendrán licencias, aquellas viviendas que tengan acceso directo desde la calle, es decir no podrán acceder por las zonas comunes del edificio.
Otra medida del plan, es la prohibición de transformar edificios enteros de viviendas en cualquier tipo de alojamiento turístico, con la excepción de aquellos que estén en el Paseo de la Castellana, calle Princesa o los Bulevares.

Esta normativa, dividirá Madrid en cuatro zonas con sus respectivas restricciones: El distrito centro comprende la primera. Casi todo Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca, Retiro y el barrio de Argüelles, dibujan la segunda zona. La tercera abarca el resto de la almendra y las zonas de Puerta del Ángel, Príncipe Pío y Chamartín. En esta zona, la restricción será del 10% de la superficie residencial. El resto del municipio de Madrid se regirá por la legislación actual.

Aunque el plan ha sido acogido con entusiasmo por las asociaciones vecinales, siguen inquietos por cómo se controlará los VUT. El Ayuntamiento de Madrid, aunque ha dispuesto inspecciones tanto en la calle como en la red, sigue perfeccionando los métodos para que una vez aprobada, se pueda cumplir con esta nueva normativa.

Se espera que el borrador se apruebe a finales de junio o principios de julio y entre en vigor a finales de año, sumándose Madrid de esta forma, a Barcelona, la Palma y Valencia en su lucha por mantener la ciudad libre de viviendas de uso turístico.